[p. 201] Auctoritas et potestas. Territorialidad del notariado en el reino de Navarra

1. Cuatro notarios de nombre Sancho

Basta un examen superficial para advertir la diferencia entre la redacción y validación de los documentos de fin del siglo xii con los de comienzos del xiv. De los primeros han sido seleccionados 81 documentos: 37 de Sancho de Perarrúa I (1115-1140) y 44 de Sancho de Perarrúa II (1162-1198). De comienzos del siglo xiv 52 documentos notariales permitirán la comparación con los anteriores: 24 de ellos son de Sancho Garcés de Elcano, y están fechados entre 1301 y 1332; y los restantes 28 pertenecen a Sancho de Iracheta (1298-1346). La documentación utilizada en este trabajo se corresponde [p. 203] cronológicamente con las épocas en que desarrollaron su actividad como escribanos los referidos cuatro Sanchos.

La suscripción de los dos primeros es casi siempre idéntica: «Ego Sancius sub iussione domni mei regis hanc cartam scripsi et hoc signum feci». En pocas ocasiones acompaña al nombre propio del autor material (Sancho, Sancius de Petrarubea) el indicativo de su oficio3; la «iussio» se expresa o con las palabras «sub iussione domni mei regis»4, «iussu domni mei»5; «sub iussu»6 (Sancho I) o «precepto domni mei regis» (más frecuente en Sancho II)7. Hay también escasas variantes en el uso de los verbos «scripsi» o «feci»8.

Sancho Garcés de Elcano se intitula inicialmente «publicus notarius et iuratus ciuitatis Pampilone» (1301-1310)9; más tarde, «de la Cort, de la Ciuptat, del Bispat hi en la villa de Pomplona notari public et iurat»10. Lo mismo hace Sancho de Iracheta: inicialmente «notari public et iurat de Pampalona»11; después, «notario publico et iurado», sea «in Curia, Ciuitate et Diocesi»12, sea «en la Cort et en el Obispado et en la villa de Pomplona»13. Este notario hace constar que lo es «auctoritate domni Pampilonensis episcopi», o «por auctoridat del seynnor obispo de Pomplona»14.

Coinciden las suscripciones de los cuatro Sanchos en la expresión de la validación documental mediante el signo público. Las diferencias entre las suscripciones de los dos primeros con las de los dos segundos son, no obstante, ostensibles. Por un lado, los Sanchos del [p. 204] siglo xiv expresan en su suscripción su presencia en el acto («qui a les coses deuantdites fui present»); hacen constar la petición u orden del otorgante para la conscriptio documental («a instancia et requisicion de las ditas partidas»); indican su intervención personal en ella y su condición de testigo («escriui esta present carta con mi propria mano15… et sui testimoni»); pero por otro lado manifiestan con toda claridad en su intitulación el ámbito territorial delimitado en que ejercen su oficio (Curia, Ciudad, Diócesis, Cort).

2. Territorialización del oficio

Es muy probable que, como afirma Bono16, «en los primeros decenios del siglo xiii los scriptores seguían en el régimen altomedieval de libre porfesionalidad, y por lo general son ya seglares»; así como no ofrece duda, por la gran cantidad de testimonios que podrían aducirse, que «los simples scriptores ocasionales omitían toda calificación», y en consecuencia sus suscripciones no permiten saber si se trata o no de escribanos o notarios profesionales. Los autores materiales de documentos del siglo xii se autodenominan en sus suscripciones «scriptor» o «scriba»17, términos que perduran en la documentación del siglo xiii. Pero ya en la primera mitad de este siglo y desde su comienzo, aparecen cada vez con más frecuencia documentos con indicación locativa del territorio donde el escriba ejerce su función. El fenómeno de la transición al notariado público resulta paralelo en su desarrollo a la delimitación del ámbito del ejercicio de la función del «scriptor».

Así, desde octubre de 1212 consta documentalmente la existencia de un «P. Forcii notarius Pampilonensis de Burgo veteri»18; y entre 1230 y 1252 suscribe documentos Johannes Petri Alegre, [p. 205] «notarius siue scriptor iuratus concilii ciuitatis Pampilone», iniciando, junto con Ramon Guillem, «notari iurat del Borc de Sant Cernin de Pampalona», y con Arnalt, «notari iurat del Borc de San Cernin de Pampalona», la lista de «escriuanos» o «notarios» (términos de uso indiferente) de las cuatro villas o burgos pamploneses que los crean por elección de sus respectivos jurados19. Desde la mitad del siglo hay también abundantes referencias documentales de escribanos o notarios jurados «del consseill de la población d’Estela», o «dels xii iuratz e del consseill d’Esteilla»20. Denominaciones como «escriuan iurat», «escriuano publico et iurado», «escriuan iurat et notari public», «notario iurado», «notario publico et iurado» o «publico notario», son testimonios del tránsito al notarius publicus iniciado en el tercer decenio del siglo xiii, cuando los «conseiltz» de Pamplona y las villas del reino designan «scriptores» y les exigen juramento adscribiéndolos al territorio donde ejercen su función21.

«Desde la sexta década del siglo xiii ya es general en todo el reino la existencia de notarios públicos nombrados por los jurados de las villas»22. Si su intitulación como «escriuan» o «notario» es indiferente, [p. 206] el uso del adjetivo «publico» o el de «jurado» evidentemente también lo es, ya que el requisito para la condición de persona pública que el notario ostenta es precisamente el juramento23. Estos notarios «de creación comunal, los scrivans iuratz, de antigua tradición, sólidamente establecidos en Pamplona y en las villas del reino… elegidos por los jurados locales, constituían la clase predomiante»24. Esta apreciación de Bono quizá deba matizarse, si se tiene en cuenta que el notario de la Cort regia y el notariado de la Curia eclesiástica tuvieron bastante más importancia de la que el referido autor les atribuye.

La importancia del notariado de la Cort fue destacada en trabajo de investigación reciente25. En el período 1274-1304 nacen unos usos diplomáticos que se consolidarán en el período 1329-1349 y precisamente por obra del notariado de la Cort. Si en los momentos iniciales (último tercio del siglo xiii) apenas se menciona en la documentación a estos notarios, el hecho se debe a la peculiar situación de la Corte, casi siempre en manos de gobernadores o reformadores que actúan en nombre de unos reyes que casi siempre residen en Francia. El notariado de la Cort consta documentalmente desde Pedro Martineiç de Arteiç (1273-1298), nombre al que hay que sumar los de Juan Jiménez de Olite (1298-1310), Jimeno Martínez de Gallipienzo (1299), Sancho de Iracheta (1298-1346) o Martín Periz de Cáseda (desde el año 1317)26.

[p. 207] Los notarios de la Curia episcopal pamplonesa tienen también su papel primordial en la adscripción del oficio de la notaría a un cometido determinado y limitado espacialmente. Como los de la Cort por parte del rey, estos notarios eran creados por el Obispo de Pamplona para la Curia o audiencia episcopal; su existencia consta documentada ya desde el último tercio del siglo xiii27.

Las primeras referencias son de los años 1269 y 1273: Petrus Petri d’Esparza, clérigo de Pamplona, es nombrado como «publicus tabellio in Curia pampilonensi» o «notarius publicus et iuratus in Curia reverendissimi patris et domni domni Armingoti, diuina prouidentia Pampilonensis episcopi»28. El ejercicio de su función se amplía a toda la diócesis, no quedando limitado a la curia episcopal: así, García Pérez de Larrangoz, clérigo, es denominado «notario publico et iurado in Curia et Diocesi Pampilonensibus»; Sancho López de Olloqui y Bartolomé de Aguinaga suscriben con idéntica condición y fórmula29. Es frecuente la intitulación, iniciada en 1289 por Pelegrín, escribano público y jurado de Pamplona, «en la Cort et en todo el Obispado»30; la imprecisión de la palabra Cort o Curia puede inducir a error sobre la territorialidad regia o episcopal de la función notarial.

Desde 1301 el oficio de estos notarios es ejercido no sólo en la curia y en la diócesis, sino también en la ciudad. Por eso encontraremos notarios episcopales «in Curia, Ciuitate et Diocesi»31; «in Curia, Diocesi et Villa»32; en la «Corte, Ciudad y Obispado»33; e [p. 208] incluso en «Corte, Ciudad, Obispado y Villa»34. Del mismo modo que entre los notarios reales se distinguen los de la Cort de los de la Cámara de Comptos35, entre los episcopales se indica alguna vez su ejercicio de la función notarial en el Consistorio de la Diócesis36.

Muy peculiar del reino de Navarra, imitada del modelo francés del Midi, es la escrituración notarial con sello real; tanto la que desarrollan los notarios de la Cort, redactando documentos de particulares «solemnizados… con aposición del sello propio de esta», como la que realizan «notarios reales, goarda del sieillo real, dedicados a la escrituración común, autenticando los documentos modiante aposición del sello real»37. Dice el profesor Zabalo38: «En muchas localidades del reino existe un notario o “guardasellos del rey”, encargado de llevar el registro de los documentos que redactan y del cual debe dar cuenta al tesorero para hacer efectivo el pago de los derechos del sello».

Este sistema de escrituración notarial es muy antiguo y constituye una de las más firmes raices de la delimitación territorial del ejercicio de la dicha función. Los derechos del sello real existían ya a mitad del siglo xiii: Teobaldo II eximía de ellos a Iranzu el 17 marzo 1264; a Roncesvalles el 10 septiembre 1266, y a los Grandimontinos de Tudela el 11 abril 127039.

[p. 209] Tales escribanías, llamadas «del sello real», son objeto de arrendamiento en algunas ocasiones. La más antigua noticia de tal arriendo es de 1291, año en que Pedro Esteban arrienda la escribanía de los judíos de Olite durante 4 años, pagando anualmente 6 libras y 5 sueldos40. De comienzos del siglo xiv datan arrendamientos de las escribanías de cristianos y de moros de Tudela, de las localidades ribereñas de San Adrián, Cascante y Arguedas, las de Estella y Andosilla; la escribanía del sello real de Pamplona y las de Olite, Tafalla y Tudela son conocidas también por documentación de la segunda mitad del siglo41.

«El sello del rey en la Cort y el sello del rey en las ciudades y buenas villas del reino tienen una amplísima utilización en la documentación del siglo xiv. Encargados de su custodia y de registrar los emolumentos de ese derecho son los guardasellos. El de la Cort lleva sus registros de forma sistemática desde 1352, a comienzos del reinado de Carlos II; los de las buenas villas posiblemente desde bastantes años antes»42. El primer testimonio documental de nombramiento de guardasellos que conozco es el extendido en Estella el 15 de enero de 1356 por el infante Luis, a favor de Juan Pérez de Lecumberri, que sustituirá a maestre Gil de Morliens, enviado a Francia. El nombramiento es como guardasellos de la Cort, ya que algunos otros guardasellos [p. 210] ejercían su cargo de «tenedor et goarda del sieillo de nuestro seinnor el rey en Pomplona», al menos desde 131843. Este último sello tabelional, «medio complementario de autenticación, además de la autorización notarial», se hace a petición de parte; he aquí una de las más antiguas (1299)44:

«Et encara nos, les sobreditz don Furtuin Almorauit et dona Ataresa Artal d’Alagon, et nos issament la dita ferma et fianças, pregam et mandam a don Martin d’Undiano, franc de Pampalona, tenedor del sayel del dit seynor rei en Pampalona, que meta lo sayel del deuantdit seynor rei pendient en esta present carta, a far valer la dita compra de les dites villes et a far nos tenir et complir tot ço que en esta carta pot omne leyre.»

A la cual responde a continuación el guardasellos:

«Et io, lo dit don Martin d’Undiano, a relaçion et çertifficacion fait a mi per don Johan Regue, lo cambiador, qui fu present en las cosas sobreditas et en cada una deles, en logar de mi et per mandament per ueder et per odir las obliguacions et recognoissementz sobreditz, de la pregaria fayta a mi per lo noble varon don Furtuino Almorauit et de sa muyller dona Ataresa Artal d’Alagon, et per les ditz fermes et fiançes, que metissey lo sayel del sobredit seynor rei en esta present carta, ey mis lo sobredit sayel pendient en esta present carta, per far valer la dita compra et far tenir et complit tot ço que en esta carta pot om leyre.»

Otras veces la intervención del guardasellos se debe a orden de la autoridad; si bien la salvaguarda de derechos que ésta procura no la hace indispensable45. Y esta afirmación se comprueba por el elevado número de documentos, como las cartas de deudas a favor de judíos, que, por sus condicionamientos legales o forales exigen esa validación especial, que es solicitada al guardasellos sin intervención de la [p. 211] autoridad46. En otras cartas de obligación, dirigidas a personas que no sean judíos, la intervención del guardasellos parece discrecional47.

«No existió en Navarra el régimen de numerus certus de notarios, ni en la ciudad de Pamplona ni en las villas… quedando este punto al arbitrio ponderado de los jurados locales»48. Efectivamente; cuando Carlos II concede a las buenas villas del reino la facultad de crear notarios, dice en documento de abril 1355: «per las presentes otorgamos a la dicha vniuersidat que l’alcalde qui es o sera por tiempo en la dicha villa, con los jurados daqueilla, puedan crear, fazer et establir tal numero de notarios como será mester en la dicha villa segund la quantía del pueblo qui será en aqueilla»49. De ahí las diferencias entre el elevado número de notarios en ciudades como Pamplona o Estella, que contrasta con los escasos de lugares como Roncesvalles, Araquil, Morentin o Lumbier50.

[p. 212] «En Navarra, donde no hubo notarios públicos de nominación real con competencia ubique locorum en el siglo xiii» ya que «los notarios públicos de creación real aparecen tardíamente, por lo general sin adscripción a una determinada localidad, y con competencias en todo el reino», aunque «también existieron notarios de creación real con incardinación en una determinada localidad o comarca, y por lo tanto sin competencia ubique locorum»51, se da la paradoja de que los notarios con competencia para ejercitar su oficio en todo el reino se generalizan desde la mitad del siglo xiv, coincidiendo casi con la concesión real a las buenas villas de la facultad de crear notarios locales, de 1355, hecha por Carlos II.

Hay, no obstante, precedentes, algunos muy antiguos. Quizá la Curia episcopal introdujera en el reino la idea del ejercicio del oficio notarial ubique locorum, al ampliar a toda la diócesis lo que inicialmente parece que fue función en la sede de la curia episcopal52.

Desde 1273 consta la existencia de notarios «del senyor rey». Ese año, Pedro Martínez de Arteyç se titula «escriuano publico et iurado del seynor rey»; en 1311 y 1319 suscribe «Bertolomeu, escriuano del seynnor rey»; en 1320 Pero Guillén, notario público del concejo de Estella, figura como «escriuano del rey»53.

De 1308 data un documento con la suscripción «Et yo Miguel Perez scriuano jurado público puesto por el seynor rey en Sangüesa»; y entre 1320 y 1335 encontramos a «Garcia Ximeniz, escriuano iurado publico puesto por el seynor rey en Lombierr»54. La fórmula es diferente a la que usa en 1319 Juan Sánchez, «notarius pro domno nostro rege publicus et iuratus eiusdem concilii de Viana», o «escriuano por el rey et notario publico iurado del conceio de Viana»55; e incluso de la que usa Martín Periz entre 1327 y 1330: [p. 213] «escriuano notario publiquo et iurado por el rey et por el conçeio de Morentin»56. En 1332 Vidal López se titula «escriuano publiquo et iurado del rey de Nauarra e del conçeio de Leorin en el dicho loguar de Auerin»57. Tienen estos documentos su paralelo con los suscritos por Martín Ortiz y Pedro Martínez, en 1273 y 1287, ambos escribanos públicos «por el rey», respectivamente en Alfaro y en Cervera58.

El notario facultado para el ejercicio de su función en todo el reino existía en Navarra ya desde 1305: ese año Bernat de Saut se titula «public notari de Sorde et per tot lo regne de Nauarra». Es curioso que la tal intitulación aparezca por primera vez en la Navarra de Ultrapuertos: en 1313 Per Arnaut de Garris es «public notari de tote la terra de Nauarre de ça portz»59.

La generalización del título de «notario publico et iurado en todo el regno de Nauarra» se da a partir de 1345. Ostentan ese título los notarios García Miguel de Mañeru, Juan García de Enériz, Pedro Sánchez de Artajo, Juan Amicx, Pascual Periz de Ecay cabo Aoiz, Pedro García de Sabaiza y Juan Díez de Echalecu, el último de los cuales lo utiliza «en la Cort et en todo el regno»60.

El contraste entre el ejercicio de la facultad notarial ubique locorum que ostentan estos notarios, con la territorialización que significó para el reino la facultad de crear notarios locales concedida a las villas, tiene su raíz ya en la misma disposición real de abril de 1355, en que el número de notarios se establece en función de las necesidades de la población, «segund la quantía del pueblo». Tal vez esa circunstancia origine que un mismo notario real, Miguel de Urrea, ejerza su oficio en cinco villas61; o que en 1354 el notario Juan Martínez de Larrasoaña lo haga no sólo en esa villa, sino además en las comarcas de los Valles de Esteríbar, Erro, Anué y Olave62; o Pedro [p. 214] Periz de Roncesvalles, además de su villa, en el Hospital de Roncesvalles y en los Valles de Erro y Arce63.

Ese no es el caso de la ciudad de Estella, donde, según se ha visto, existían numerosos notarios. Y sin embargo, desde mediados del siglo xiv algunos de ellos ejercen su oficio en un radio creciente, con centro en la ciudad. Así Pedro Ibáñez de Arrastia, que se titula «scriuan iurat et notari public per auctoridat real en la vila d’Estela et en sons terminaz et en tota la Ual de Sant Esteuan»; o Martín Miguel de Arteta, «scriuan notari public et iurat per auctoritat real en toda la merindat d’Estella et en sons terminaz». Adam de Garriz aparece como «scriuan notari public et iurat per auctoridat real en la vila de Estela et en sons terminaz et en totas las comarquas del alcaldío del mercat d’Estella»64.

Muy semejante es el caso de Pamplona. Desde 1357 está documentado Simón Ortiz de Muez, «notari public et iurat per autoridat real en la Ciutat et Nauarriría de Pampalona et en tota la Conca de Pampalona»; desde 1361 hay noticias de Juan Sánchez de Esparza «notario publico iurado por auctoridat real en la Cuenca de Pomplona»65. Como en Estella, los notarios de creación real gozan de un ámbito para realizar su oficio más amplio que el local, propio de los notarios de creación municipal. Un importante documento de Carlos II, fechado en Pamplona el 10 de septiembre de 1365 extiende a éstos el uso del oficio y la fe pública de los notarios reales, ampliando así el territorio donde pueden ejercer su función66. Por eso no ha de sorprender que en 1376 esa tendencia centrífuga haga que Lope Miguel se titule «notaryo publico et iurado por autoridat real en la uilla de [p. 215] Uillaua cerqua Pampalona, et al derredor deylla en la comarrca en vna legoa et meya»67.

La territorialidad del ejercicio del oficio notarial está, pues, a merced de dos tendencias, centrífuga y centrípeta. Hay notarios como uno de 1359 que lo es «por auctoridat real enna villa de Lombierr et en toda la merindat de tierras de Sangossa»; Miguel García de Astrain, «notario publico et iurado por autoridat real en la Ciutat de Pomplona et en todas las villas et logares de la merindat de las Montainnas»; o García Garceiz, que lo es por la misma autoridad «en la villa et merindat de Sangüessa»68. Otros no sitúan un centro, ciudad o villa, de su delimitación territorial: así Martín Miguel de Arteta es notario real «en toda la merindat d’Estela»; Inigo Periz de Lumbier «en toda la merindat de Sangossa»; Pedro Ferrandiz de Guendulain es «notario publico et iurado por autoridat real en las merindades de Sanguessa et de las Montaynnas»; Martín Martínez de Zabala se titula «notario publico et iurado por autoridat real en las villas et logares de las merindades de Estella, de Sanguesa et de las Montaynnas»69.

La merindad, y ello fue iniciado por los notarios de la de Ultrapuertos, puede constituir el eslabón o estadio intermedio entre el notario cuya función es ejercida en un lugar delimitado y el que goza de la facultad ubique locorum para el desempeño de su oficio.

3. «Fazer, crear et establir notarios»

Carlos II manifestaba en abril de 1355 que «oida la requesta a nos presentada por la vniuerssidat de las villas de nuestro regno», que alegaban derecho a establecer por sí mismas notarios locales, había consultado al Consejo Real, «en el quoal eran muchos sauios en Drecho [p. 216] et foristas», quienes habían rechazado la petición, por considerar que la facultad de nombrar notarios, que decían tener por costumbre «de drecho et de fuero tal poder les era denegado, et que a nos tan solament et no a otro pertenece la dicha creación»70. El fundamento quizá estuviese en una importante disposición de Felipe de Luengo, fechada el 20 abril 1317, en que concedió al clérigo Pedro Bertran «omne ius instituendi et destituendi auctoritate nostra in toto regno Nauarre notarios et ipsas notarias ad firmam dandi», con la que anulaba expresamente la anterior concesión de su hermano el rey Luis Hutin a favor del clérigo Pedro de Condeto71. La facultad de crear notarios es un derecho ejercido por los reyes desde largos años atrás, a pesar de que en las suscripciones notariales la expresión «notario del rey» sea difícil de encontrar antes del último cuarto del siglo xiii72; la frase que encabeza este capítulo fue usada por Carlos II para expresar un ejercicio de poder real que los monarcas navarros realizan, al igual que los contemporáneos castellanos o aragoneses73.

[p. 217] Como en Castilla y en Aragón, los notarios creados por autoridad apostólica aparecen más tempranamente en la documentación que los reales. Desde la primera mitad del siglo xiii hay referencias a notarios del obispo de Pamplona; no obstante, el término «auctoritas» tarda en adoptarse en la redación documental, de tal manera que hay que llegar a los comienzos del xiv para hallar un «clericus auctoritate apostolica notarius publicus et domni Pampilonensis episcopi»74.

Todavía es más tardía la introducción en los documentos de la expresión «por autoridad real», que no figura en los documentos recogidos y seleccionados en apéndice hasta el año 1345. La fórmula más usual es: «notario publico et iurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra»; en algún caso un mismo notario lo es por ambas autoridades: «notario publico por auctoridat apostolical et por auctoridat real en la Cort et en todo el regno de Nauarra»75.

La creación de notarios es «un sistema de colación del officium notarial mediante un titulo escrito y solemne, en el que se consignan los tres momentos de la creación: la investidura (constituere in notarium publicum), la prestación del juramento (iuramentum prestare) y el otorgamiento de la potestad o auctoritas notarial (auctoritatem impendere), desapareciendo las modalidades altomedievales de simple designación o de concesión onerosa del officium»76. En Navarra [p. 218] no se conserva, si los hubo, ningún título de notario anterior a 1350; si bien el nombramiento y la concesión onerosa del oficio subsisten hasta fines del siglo xiv77.

Los tres aspectos más importantes de la creación de notarios — investidura, juramento y otorgamiento de la auctoritas — junto con la enumeración de los requisitos exigidos para demostrar su idoneidad, suficiencia y competencia; el detalle de las funciones que se le encomiendan; la fe pública de los instrumentos cuya redacción es parte principal de su oficio; aparecen, entre otros, en unos textos de importancia capital, aquí recogidos78:

• [p. 219] Facultad que en 19 octubre 1335 concede el conde palatino de Aviñón, usando de la autoridad imperial a él conferida, al prior de Santa Cristina de Somport, Bernardo de Juliano, para nombrar cuatro notarios «tabellionatus officium ubique terrarum et ubilibet exercendi».
• Texto de la «auctoritas notarie» de un formulario latino de la Cancillería real aragonesa del siglo xiv, cuyos términos coinciden casi literalmente con las fórmulas empleadas en los nombramientos de notarios navarros, prueba de su identidad con los usos de este reino.
• Nombramiento de notario expedido el 15 noviembre 1353 por Gil García de Yáñiz, señor de Otazu, a favor de Pedro Sanz de Artajo; y en confirmación de él, nuevo nombramiento expedido por Carloş II en 1 junio 1355.
• Nombramiento de notario eclesiástico expedido el 6 abril 1377 por el Vicario General del Obispado a favor de Juan Martínez de Aldava.
• Nombramiento de notario real expedido el 23 octubre 1510 por los reyes Juan y Catalina a favor de Tristán de Beria.

El dispositivo de los nombramientos siempre usa los verbos «instituir» y «crear» para expresar de qué modo «la constitución en el cargo implicaba una propia licentia exercendi y la imposición de la auctoritas se concebía como la interposición del poder regio a todos y cada uno de los documentos que en la forma y con los requisitos legalmente prescritos autorizara el notario»79. El nombramiento es «officium concedere notarie»80. Por ello el referido formulario aragonés subraya que la constitución y creación de notario se hace «in exercendo officio prelibato»; y los referidos verbos, nunca omitidos, han de ser interpretados más como una concesión o merced, gratuita u onerosa, que como un «nombramiento» en sentido actual81.

Los formularios expresan que la idoneidad es presupuesto indispensable para la colación del oficio: «attendentes te esse idoneum et sufficientem ad tabellionarium officium exercendum» «informado et [p. 220] plenamente certifficado de la sufficiencia et discreción de…»82. Incluso se exige «ad predictum officium obtinendum diligenti examinatione premissa» como necesario un examen de aptitud83. Por ello consta documentalmente, en algún caso, la verificación de tal supuesto: «ipsum inuenimus in literali sciencia competentem ad tabellionatus officium exercendum»; y en algún otro, por el contrario, la prueba del escaso rigor o quizá inexistencia de la exigencia de ese requisito: «veyendo la grant superfluidat et nombre de notarios que heran en nuestra Cort et casi los mas heran inutiles et insufiçientes a obtener el dicho officio, de que hera deshonor de nuestra Cort y deseruicio nuestro…»84. Los documentos destacan más que este requisito el hecho de que la colación del oficio se hace «de nuestra gracia et especial auctoridat», o «esgoardando los buenos et agradables seruicios que nuestro amado… nos ha fecho, faze de cada dia, et entendemos que fara daqui adelant»85, es decir, el carácter de gracia o merced que la concesión tiene.

El formulario aragonés incluye en el texto del nombramiento de notario la fórmula breve de la jura del cargo: «prestito per te in cancellaria nostra juramento quod bene et legaliter te habebis in exercendo officio prelibato». El navarro del siglo xv desarrolla más ese texto: «Nos auemos fecho recebir jura sobre la Cruz et los sanctos Euangelios, por eill tocados manualment, que del dicho officio de notaria et clerizia de la dicha Cambra vsará bien et fielmente de las escripturas et cosas daqueilla; non publicará ni diuulgará cosa alguna ni de lo contenido en eillas non dará coppia ni original a persona alguna sin nuestra licencia et voluntat o de las dichas gentes de Comptos; goardará nuestros drechos a todo su poder et terrá secreto»86. Los documentos utilizan varias fórmulas de juramento, más o menos [p. 221] relacionadas con las de los formularios87; puede tener interés la fórmula del juramento de los notarios de Sant Cristina de Somport88:

«Forma autem iuramenti de qua superius fit mentio talis est: Tu iurabis de cetero fidelis esse sacrosancte Romane Ecclesie ac sacro Romano Imperio, gratiam et comunionem Apostolice Sedis habentibus, comiti palatino predicto ac illis de domo sua eandem auctoritatem habentibus, non faciendo aliquid uel facientibus consenciendo quos in contrarium dictorum Ecclesie, Imperii, Imperatorum ac memorati comitis uel aliquorum de domo sua redundare ualebit, scripturas uero per te in forma publica reddigendas in carta papirea uel alia unde fuerit abrasa scriptum aut que de facili uiciari ualeat non conscribes; in causis pauperum, hospitaliorum, uiduarum, pupillis et orphanorum ius requires; et eris fauorabilis et benignus per hec sancta Dei Euangelia predictumque tabellionatus officium absque fraude aliqua exercebis.»

En el referido documento se encuentra la única referencia que en nuestro apéndice documental observamos al simbolismo de la investidura, aunque, como dice Bono89 «no parece que en realidad se hiciera una tradición efectiva de tales útiles», es decir, de la pluma, papel y tintero: «auctoritate predicta qua nos fungi uolumus in hac parte ipsos et quemlibet eorumdem quibus nos ex nunc officium concedimus memoratum, per pennam, calamarium atque cartam que tunc in manibus uestris tenebitis, inuestiatis de officio antedicto».

Si en los notarios de ciudades y villas no existe un «numerus certus», según se ha dicho ya90, en cambio en la Cort existe un número fijo de notarios91; la territorialidad no afecta al número de notarios «por autoridad real en todo el reino» que serán «tantos et tales que nos et el pueblo end podamos ser bien seruidos»92. Si la notaría es un [p. 222] servicio, «como expediente y cosa necessaria sea por el bien e vtilidad de la cosa publica» debe ser regulada por ordenanzas reales «veillando en el bien e prouecho e vtillidat comun de nuestro regno et subditos, segunt somos tenido et lo deuemos fazer»; de ahí la regulación o no fijación del número93.

En 1353, al ser nombrado notario real Pedro Sanz de Artajo, jura «que eyll bien et leyalment vsará del dicho officio de la notaría»; a los notarios de Tudela concede el rey en 1355 «que ayan poder de exercer et usar de los dichos oficios en la dicha villa de Tudela et por todos sus alualas et en lures términos»; manda el rey a los Pamplona, en 1365, que «vsen de sus oficios bien et deuidament en Pomplona et en sus términos et per toda la Cuenca de Pomplona et en sus términos»94. Tanto el notario con autoridad en todo el reino como el que solamente puede ejercer o usar su oficio en una circunscripción delimitada territorialmente, tiene una «auctoritas» a ellos conferida u otorgada por una instancia superior.

La concurrencia de notarios reales y notarios eclesiásticos, al igual que la de los notarios de la Cort con los de las ciudades y buenas villas del reino se suele resolver en favor de los primeros. En la documentación recogida en apéndice sólo hay un caso, de 1370, de notario por ambas autoridades; la potestad real se impone, y desde comienzos del siglo xv subordina a su licencia la facultad para redactar contratos entre laicos que usaban los notarios eclesiásticos95.

[p. 223] «Cort y Consejo son órganos de la administración y gobierno del reino de Navarra que progresivamente van adquiriendo lugar destacado en la redacción y expedición de documentos reales, con independencia también creciente de la Cancillería real»96. En el siglo xiv y desde sus comienzos es visible ya el fenómeno del crecimiento del poder real. El Espéculo97 justifica la mezcla de normas de derecho notarial con las referentes a la cancillería real: «muy mas es derecho que lo sea en aquellos de que podria nasçer contienda entre los omnes, assy commo en las cartas que se fazen en la corte del rey de qual manera quier que sean, de que deuemos fablar primero porque son sobre todas las otras». Por su potestad suprema y plena puede crear «no solo notarios locales, sino también notarios generales»; puede, y así lo hace, configurar el ámbito y funciones del ejercicio de la notaría.

4. «Auctoritas» y «potestas» atribuidas al notariado

Los cometidos que realiza el notario, las funciones que la autoridad superior le encomienda, suelen aparecer más o menos sistemática y completamente expresados, en el formulario de los documentos de institución o creación de notarios. Se pueden agrupar y dividir, convencionalmente, así:

a) Elaborar en forma pública documentos jurídicos de naturaleza pública o privada (conscriptio).

b) Dotar a esos documentos, por él confeccionados, de plena fe pública, en juicio o fuera de él; colacionar y autorizar con esa misma fe pública, documentos redactados por mano ajena.

c) Custodiar en notas y protocolos los actos y negocios jurídicos cuya redacción se le confiée; engrosar en forma pública notas propias o procedentes de protocolos de otros notarios.

Todo ello en consonancia con la definición de notario que da Bono98: «El notario (publicus notarius) es la persona de carácter [p. 224] oficial (persona publica), que tiene la legítima y excluyente potestad (por privilegio de la ley: persona privilegiata) por ostentar la correspondiente y expresa facultad (auctoritas) para formalizar (conscribere) documentos referentes a actos y negocios jurídicos en forma pública, fehaciente (en tanto que legitime factis), esto es, dotados de plena et indubitata fides, de fe pública».

Documentos

[p. 240] Siglas